La Dictadura Velada: Un Análisis del Régimen Morenista en México
En un debate que ha encendido los ánimos en el Senado mexicano, se ha puesto en tela de juicio la verdadera naturaleza del régimen morenista. La senadora Kenia López Rabadán ha lanzado acusaciones directas, cuestionando si las acciones del partido en el poder constituyen una dictadura en ciernes. La controversia se centra en la figura de la prisión preventiva oficiosa, un tema que ha generado un intenso debate sobre los derechos humanos y el equilibrio de poderes en el país.
El debate se intensifica cuando se analiza la adquisición de senadores por parte del régimen para obtener una mayoría calificada artificial. La senadora López Rabadán lo describe como una táctica propia de las dictaduras, donde se compran y amenazan a legisladores para lograr lo que no se consiguió en las urnas. Esta maniobra, según la senadora, socava la legitimidad del poder legislativo y pone en duda la voluntad popular expresada en las elecciones. Se siembra la duda sobre la transparencia y la ética del proceso legislativo, sugiriendo que las decisiones no se basan en el debate y el consenso, sino en la imposición y el control.
El Desmantelamiento de las Instituciones: Un Patrón Preocupante
La senadora opositora destaca una serie de acciones que, en su opinión, evidencian un patrón de comportamiento autoritario. La primera decisión del Senado, bajo la nueva mayoría, fue la de debilitar la autonomía del poder judicial, sometiéndolo al ejecutivo. Esta medida se presenta como un ataque directo a la separación de poderes, un pilar fundamental de cualquier democracia. La sombra de Venezuela se cierne sobre el debate, con la mención de la militarización del país como otro paralelismo inquietante. El régimen morenista, afirma, ha seguido los pasos de su contraparte venezolana, incrementando la presencia militar en la vida civil.
Además, se acusa al régimen de anular las defensorías de derechos humanos, colocando a la señora Piedra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien es descrita como “un cero a la izquierda” en la defensa de las garantías fundamentales. Se insinúa que esta designación no es casual, sino parte de una estrategia para silenciar las críticas y eliminar los contrapesos al poder. La intención de desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) se interpreta como un intento de monopolizar la información y controlar la narrativa oficial. La frase “ustedes no quieren, no les gusta que haya otros datos, que solo existan sus datos, aunque sean mentira”, resume la crítica a la opacidad y la manipulación de la información.
Prisión Preventiva: ¿Justicia o Persecución Política?
El debate se torna aún más acalorado al abordar la cuestión de la prisión preventiva. La senadora López Rabadán defiende la prisión preventiva justificada, aquella que requiere la evaluación de un juez, y se opone firmemente a la prisión preventiva oficiosa, la cual se aplica automáticamente a ciertos delitos. La distinción es crucial: la primera permite la intervención judicial para ponderar la necesidad de la medida, mientras que la segunda la impone sin considerar las circunstancias particulares.
Se argumenta que la prisión preventiva oficiosa es un instrumento retrógrada que viola la presunción de inocencia, un principio fundamental del derecho. La senadora recuerda que la prisión preventiva justificada existe desde 1917 y permite a un juez decidir si se aplica o no, basándose en las pruebas y el riesgo de fuga o peligro para la víctima. En contraste, la prisión preventiva oficiosa se impone automáticamente, sin necesidad de una evaluación judicial, lo que, según la oposición, abre la puerta a abusos y persecución política. Se plantea la pregunta: “¿No se acuerdan de ese principio de que nadie es culpable hasta que se le demuestra lo contrario?”.
El Doble Discurso y la Realidad de la Violencia
La senadora Citlalli Hernández, representante del oficialismo, contraataca defendiendo la prisión preventiva oficiosa como una herramienta necesaria para combatir el crimen organizado. Argumenta que delitos como la extorsión, el narcotráfico y la facturación falsa generan enormes ganancias, lo que permite a los delincuentes evadir la justicia. La senadora sostiene que la prisión preventiva justificada, en estos casos, es ineficaz, ya que los delincuentes tienen los recursos para fugarse.
Hernández rechaza la acusación de que la medida afecta principalmente a los pobres y acusa a la oposición de defender a “sus amigos y sus compadres”. La senadora resalta los esfuerzos del gobierno actual para combatir la violencia y la pobreza, mencionando programas sociales como las becas para jóvenes y la pensión para adultos mayores. Sin embargo, la oposición critica el doble discurso del gobierno, señalando la contradicción entre el apoyo declarado a estos programas y la inminente votación en contra del presupuesto que los financia.
El Llamado a la Responsabilidad y el Futuro Incierto
El debate concluye con un llamado a la responsabilidad por parte de ambas partes. La senadora López Rabadán advierte a los senadores de la mayoría sobre el peligro de la prisión preventiva oficiosa, recordándoles que “la rueda de la vida da vueltas”. La senadora Hernández, por su parte, insta a la oposición a no ser parte del problema y a reconocer los esfuerzos del gobierno para garantizar la seguridad.
El futuro de México, según lo presentado en este debate, se encuentra en una encrucijada. La pregunta sobre si el país se encamina hacia una dictadura velada o si, por el contrario, está fortaleciendo sus instituciones y combatiendo la criminalidad, queda abierta. La respuesta, sin duda, tendrá un impacto profundo en la vida de millones de mexicanos. La cita de gobernadores de distintos partidos, incluyendo opositores, que apoyan la prisión preventiva oficiosa, añade una capa de complejidad al debate, sugiriendo que la preocupación por la seguridad trasciende las líneas partidistas. El llamado final es a la reflexión y a la acción, a no ser “parte del problema”, sino de la solución.
