Corinna Larsen, empresaria danesa y antigua compañera sentimental del rey emérito Juan Carlos I, ha reavivado recientemente su demanda contra él, exigiendo una indemnización de 126 millones de libras (aproximadamente 146 millones de euros). Larsen alega haber sufrido acoso, vigilancia ilegal y difamación por parte del exmonarca tras la finalización de su relación.

Según la demanda presentada en el Tribunal Superior de Londres, Larsen sostiene que, después de poner fin a su relación con Juan Carlos I, fue objeto de una campaña de hostigamiento que le causó ansiedad, depresión y pérdidas económicas debido a la interferencia en sus negocios. Entre las acusaciones, menciona seguimientos entre 2015 y 2020 por parte de terceros supuestamente vinculados al antiguo monarca.

La defensa de Juan Carlos I ha negado enfáticamente estas acusaciones, calificándolas de falsas y carentes de fundamento. Además, ha solicitado al tribunal británico que desestime la demanda, argumentando que no tiene posibilidades reales de prosperar y cuestionando la jurisdicción de la corte inglesa para juzgar a ciudadanos extranjeros por hechos ocurridos fuera del Reino Unido.

En octubre de 2023, la jueza británica Rowena Collins Rice desestimó la demanda de Larsen, aceptando los argumentos de la defensa del monarca y concluyendo que la justicia británica no tiene competencia para atender el caso.

Este litigio ha reavivado el debate público sobre la gestión de la Casa Real española y ha generado diversas teorías sobre las motivaciones detrás de las acciones de Larsen. Algunos analistas sugieren que podría tratarse de una estrategia personal de Larsen para obtener una compensación económica y reivindicar su reputación. Otros consideran la posibilidad de que existan intereses más amplios, quizás de grupos que buscan debilitar la imagen de la monarquía española o influir en la opinión pública sobre la institución.

Es importante destacar que, sin pruebas concluyentes, resulta especulativo atribuir estas acciones a una conspiración más amplia. La falta de transparencia en torno a las finanzas y actividades de la Casa Real ha alimentado las sospechas y teorías en la opinión pública. Sin embargo, hasta la fecha, no se han presentado evidencias que respalden la existencia de una conspiración organizada contra la monarquía.

En conclusión, la reactivación de la demanda por parte de Corinna Larsen ha vuelto a poner en el foco mediático las controversias relacionadas con la Casa Real española. Aunque es tentador buscar explicaciones más amplias o conspirativas, es fundamental basarse en hechos comprobados y evitar caer en especulaciones sin fundamento. La resolución judicial reciente parece cerrar este capítulo, al menos en el ámbito legal británico, pero es probable que el debate público continúe en España.